La grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha cobrado la vida de más de 200 personas en su mayoría jóvenes que luchan por el contra el régimen de Ortega para restablecer la democracia.
En Managua los asesinatos han ocurrido por la ¨caravana de la muerte¨ integradas por camionetas Hi lux que movilizan en los barrios a turbas y paramilitares quienes disparan a las personas que se encuentren en barricadas en su denominada ¨operación limpieza».
Esta misma historia se repite en cada uno de los tranques ubicados en los diferentes municipios del país, donde los auto convocados son atacados por personas armadas afines al partido sandinista.
La presidenta nacional del partido Ciudadanos por la Libertad Kitty Monterey considera que la principal demanda que se debe hacer es el desarme de estas fuerzas ajenas a la Policía y al Ejército de Nicaragua en la búsqueda de una pacificación y un alto a la represión.
¨Hoy en día es un riesgo salir a las calles ver las camionetas Hi lux con los paramilitares se ha convertido en la mayor amenaza a la seguridad de las vidas de las personas¨ señaló Monterrey.
La segunda prioridad que considera Monterrey en el actual contexto político es la justicia, para todas las víctimas que perdieron sus vidas en la lucha por la democratización de Nicaragua.
Adelantar elecciones debe ser el objetivo principal
Kitty Monterrey es de la posición que Daniel Ortega se vaya lo más pronto posible del poder, por lo que considera, que ese objetivo no debe de perderse en la mesa del dialogo nacional que es mediado por los Obispos de Nicaragua.
¨La Mesa del Diálogo Nacional con la Conferencia Episcopal ha hecho una labor extraordinaria y nosotros como partido político debemos apoyar ese esfuerzo¨ resaltó.
La Presidenta Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, (CxL), considera que si existiera voluntad política en este país, en tres meses se podrían organizar nuevas elecciones, destacando que antes de participar en los comicios deben asegurarse cuatro puntos indispensables, que va desde el cambio total de los actuales magistrados del Poder Electoral, la participación de la observación nacional e internacional, realización de una auditoría social del padrón electoral y la prohibición de que el Estado en cualquier forma utilice sus recursos para realizar proselitismo político.
