El día de hoy, el régimen de Daniel Ortega, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, aprobó mediante su aparato legislativo, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Ciudadanos por la Libertad reitera su rechazo a este nuevo instrumento legal, que profundiza el estado de violación sistemática de derechos fundamentales en Nicaragua.
La Ley aprobada hoy, descalifica la cooperación internacional al considerarla injerencia extranjera en los asuntos internos, y estigmatiza bajo el calificativo de “agentes extranjeros” a los ciudadanos que trabajen o reciban cualquier tipo de beneficio proveniente de recursos externos canalizados por organismos no gubernamentales, los somete a registro e investigación, los amenaza con sanciones penales y les restringe los derechos políticos.
La cooperación internacional, canalizada directamente a comunidades, organizaciones y sectores sociales, ha sido fundamental desde 1990 para superar el desastre económico provocado por la primera dictadura sandinista y para promover el ejercicio de derechos fundamentales y la atención a necesidades sociales que no han podido ser cubiertas por el Estado por incapacidad o falta de recursos.
Resulta irresponsable e inhumano que, en momentos de una recesión económica provocada por la represión de 2018 y agudizada por la pandemia del COVID 19, el gobierno de un país con las características de Nicaragua ponga bajo asedio las expresiones de cooperación y solidaridad, tan necesarias para miles de familias que se benefician de proyectos sociales, financiados por recursos externos a través de organizaciones no gubernamentales y ejecutados por nicaragüenses que trabajan en esas organizaciones.
Asimismo, la Ley afecta a los medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos humanos que reciben asistencia técnica o material para el desarrollo de sus labores, fundamentales para la defensa de la libertad de prensa y la tutela de los derechos humanos.
Particularmente grave resulta el hecho de que, a un año de las elecciones generales programadas para noviembre de 2021, la Ley amenaza con la anulación de sus derechos políticos a los ciudadanos que sean incluidos por el régimen dentro de la calificación de agentes extranjeros, sometiéndolos a una especie de “apartheid político”, y estableciendo inhibiciones para el ejercicio de cargos públicos, adicionales a las ya consignadas en los artículos 134 y 147 de la Constitución Política.
No habiéndose aprobado siquiera las reformas electorales necesarias para garantizar el voto ciudadano, esta Ley profundiza la falta de garantías para unas elecciones libres y transparentes, que constituyen la única salida posible a la profunda crisis social, económica y política que sufrimos los nicaragüenses.
Los Ciudadanos por la Libertad, renovamos nuestro llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional a cerrar filas para rechazar y denunciar esta nueva amenaza a las libertades ciudadanas, que forma parte de las acciones de una dictadura que, en su afán de aferrarse al poder, ha declarado la guerra a su propio pueblo.
Instamos a todos los nicaragüenses a no ceder frente a la intimidación del régimen y a continuar esta batalla cívica para organizarnos y exigir las condiciones que nos permitan elegir libremente un gobierno democrático y legítimo, que lidere la necesaria transición democrática que todos necesitamos.
Managua, 15 de octubre de 2020
