Pedro Joaquín Chamorro
En un artículo publicado el pasado 8 de febrero en el prestigioso diario norteamericano Washington Post, Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) para los derechos humanos para Centroamérica detalla lo que él considera que son “focos rojos en Nicaragua ante las próximas elecciones”.
Brunori comienza detallando los sucesos de abril del 2018 que dejaron más de 300 personas muertas, 2,000 heridas, 1,600 detenidos y cerca de 100,000 tuvieron que solicitar refugio o asilo en otros países. En su informe, tanto en el 2018 como en septiembre del 2019, la oficina del ACNUDH emitió una serie de recomendaciones al Estado Nicaragüense y la comunidad internacional para abordar la situación.
No obstante, tres años después de la crisis y ante la proximidad de las elecciones generales el 7 de noviembre de este año, el gobierno mas bien ha endurecido su posición no solo desoyendo las recomendaciones y dejando todos los hechos en la impunidad, sino agravando la ausencia de las libertades ciudadanas impuesta desde entonces por un virtual estado de sitio de hecho.
Este agravamiento se ha manifestado “legalizando” en la Asamblea Nacional situaciones violatorias a los derechos humanos que de hecho ya venían siendo parte del diario menú represivo del régimen, pero sin el sustento legal.
Brunori señala que “en caso de que el gobierno no tome pronto medidas que aborden esta crisis, Nicaragua enfrentará elecciones generales el 7 de noviembre en una situación marcada por una gran tensión social, por la ausencia de plenas garantías a los derechos humanos y por la debilidad del estado de derecho que extiende a las instituciones electorales”.
Como si fuera poco, Brunori señala que “a contracorriente, las autoridades Nicaragüenses parecieran sumar escollos en el camino hacia unas elecciones con las debidas garantías. Durante el último trimestre del año pasado la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, las cuales contienen disposiciones que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos y restringen las libertades necesarias para el espacio cívico, especialmente en el escenario electoral”.
Estas leyes como es sabido, bloquean la posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil para obtener fondos de fuentes extranjeras, anulan de hecho los derechos ciudadanos de participación política de quien los reciba; establecen penas incompatibles con la libertad de expresión por delitos penales ambiguos y no definidos en el ciberespacio y la tercera, cercena los derechos ciudadanos a optar por un cargo de elección popular a quienes “aplaudan” la imposición de sanciones “contra el estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Agravando este sombrío panorama preelectoral, el funcionario de ACNUDH apunta “que el 2 de febrero se reformó el Código Penal extendiendo el plazo de 48 horas a 90 días para que un individuo pueda permanecer detenido sin una acusación y sin que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Es decir: no se investiga para detener, se detiene para investigar”.
Si a esto le sumamos el hecho de que la policía política del régimen mantiene una virtual casa por cárcel contra líderes opositores; el acoso permanente en las reuniones políticas cívicas que realiza el partido Ciudadanos por la Libertad y otras organizaciones opositoras cívicas; y más recientemente la insólita prohibición que se realizara una reunión departamental bajo techo de dicho partido en un hotel de Estelí, el panorama electoral está lleno de “focos rojos” que se deben despejar antes del pitazo de inicio de la campaña electoral.
El autor es periodista, ex ministro y ex diputado
