Las reformas electorales de 1999, bajo el pretexto de favorecer la gobernabilidad, impusieron un sistema diseñado para fomentar el bipartidismo en beneficio del PLC y el FSLN, mediante reducción del porcentaje necesario para ganar la elección presidencial en primera vuelta, la limitación de las formas de participación política electoral y el establecimiento de normas restrictivas para obtener y conservar la personalidad jurídica como partido político.
Esas reformas generaron un debate nacional sobre la necesidad de perfeccionar nuestro sistema electoral para hacerlo más transparente y representativo. Sin embargo, los burdos fraudes electorales y la manipulación del sistema de partidos políticos realizados por el Consejo Supremo Electoral a partir de 2008, han puesto en entredicho la existencia misma de la democracia representativa en Nicaragua.
Por tal razón, las recomendaciones de las misiones de observación electoral, los partidos políticos y la sociedad civil, han estado orientadas mayoritariamente a realizar mejoras en las diversas etapas del proceso electoral para que los ciudadanos voten libremente y sus votos sean contados con transparencia. No obstante, para lograr que la democracia representativa se restituya y perdure en Nicaragua es necesario reformar en el corto plazo aspectos referidos a la elección presidencial que dificultan la creación de los consensos necesarios en una sociedad democrática y facilitan el ascenso y permanencia en el poder de gobernantes con vocación dictatorial.
- Prohibición absoluta de la reelección presidencial, que ha sido germen de dictaduras a lo largo de toda nuestra historia.
- Incorporación expresa del cónyuge del Presidente de la República dentro de la lista de familiares cubiertos por la prohibición constitucional de ser candidatos a Presidente o Vicepresidente de la República.
- Restablecer el sistema de elección presidencial a dos vueltas, requiriéndose obtener más del 50% de los votos válidos para ganar la elección en primera vuelta.