Ante todo expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento muy especial al heroico pueblo de Masaya, a los que permanecen en los tranques en protesta cívica, al Doctor Alvaro Leiva, a la Iglesia católica y el equipo de la ANPDH por su incansable defensa de los derechos humanos, y a las familias de todos los mártires cuya memoria no debemos defraudar.
Nicaragua inicia el mes de junio sumida en la más grave crisis de su historia reciente.
Durante las últimas seis semanas el régimen de Daniel Ortega ha pasado, de la represión a las manifestaciones cívicas al ejercicio sistemático del terrorismo de Estado, provocando muerte y dolor en las familias nicaragüenses. Pero también el pueblo ha pasado de las manifestaciones de protesta a una férrea y creciente resistencia cívica, haciendo frente heroicamente a la represión y al paramilitarismo.
Este régimen, carente de legitimidad de origen por ser producto de fraudes electorales, ha quedado moralmente incapacitado para seguir gobernando como producto de sus acciones criminales, y su aparato represivo, aunque sigue causando muertes y sufrimiento, ya no es capaz de someter a todo un pueblo dispuesto a arriesgar sus vidas para exigir libertad, justicia y democracia.
No podemos seguir amaneciendo todos los días contando muertos y heridos producto de la represión y el caos promovido por el Estado; y se equivocan los jerarcas del régimen si creen que la violencia que están provocando no los alcanzará tarde o temprano. Debemos encontrar una salida inmediata y definitiva a esta espiral de muerte y destrucción.
En estas circunstancias, la única opción viable para Nicaragua y para el propio Daniel Ortega es su salida inmediata, pacífica y ordenada del poder. Por eso, ahora que aún es tiempo, debe detener la represión y volver a la mesa del diálogo nacional para acordar con los sectores ahí representados, el procedimiento para su renuncia y la realización, en un período no mayor de seis meses, de elecciones anticipadas donde podamos elegir libre y democráticamente un nuevo gobierno.
Estamos conscientes de que lo deseable sería un completo rediseño de nuestro sistema electoral, pero como hemos sostenido desde mayo 2015 en la “Propuesta Urgente para devolver a los nicaragüenses el derecho a elegir”, emitida cuando integrábamos la Coalición Nacional por la Democracia: “El colapso del sistema no ha obedecido fundamentalmente a razones técnicas ni jurídicas, sino a una decisión política de las autoridades electorales y quienes las controlan, que se han negado durante varios procesos electorales a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas (…) La legislación electoral simplemente ha dejado de ser correctamente aplicada y se ha violentado sistemáticamente en su espíritu y en su letra.”
Por tal razón, para garantizar transparencia en unas elecciones anticipadas se requiere un conjunto de acciones que pueden resumirse en:
- Sustitución total e inmediata de las actuales autoridades electorales por funcionarios capaces y honestos, comprometidos a cumplir la Ley y emitir las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación de las salvaguardas legales que garanticen la transparencia, eficiencia y publicidad de cada una de las etapas del proceso.
- Plena fiscalización en todas las instancias del Consejo Supremo Electoral por las organizaciones políticas participantes y la más amplia observación electoral nacional e internacional desde el inicio del proceso.
- Un aparato estatal azul y blanco, donde las instituciones del Estado, programas sociales y servidores públicos no sean utilizados como instrumentos partidarios de propaganda e intimidación.
- Publicación inmediata del padrón fotográfico en cada Centro de Votación para realizar una auditoría ciudadana del mismo.
Dentro de esta nueva realidad, la Organización de los Estados Americanos (OEA), por su experiencia electoral y su conocimiento de nuestro sistema electoral, puede y debe desempeñar un rol importante para que las próximas elecciones sean libres y transparentes.
Pero para hacerlo es necesario que, reconociendo la urgente necesidad de que el pueblo se exprese en las urnas, la OEA presente una propuesta de acciones de corto plazo orientadas a la transparencia del proceso, posponiendo las propuestas para el rediseño y perfeccionamiento técnico del sistema electoral, que bien pueden ser implementadas por un nuevo gobierno producto de la voluntad popular.
Estamos convencidos de que el clamor de justicia para las víctimas de la represión solamente podrá ser plenamente satisfecho cuando se instaure un gobierno democrático. Sin embargo, debe garantizarse desde ya el cese de la represión, la desarticulación de los grupos parapoliciales, así como iniciar las investigaciones y preservar los elementos probatorios de cada uno de los crímenes cometidos. Y también en este aspecto la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está llamada a contribuir, dando seguimiento al cumplimiento de cada una de las recomendaciones y medidas cautelares dictadas.
Por el bien de las presentes y futuras generaciones, todos los nicaragüenses tenemos la obligación de evitar que siga escalando la violencia y ponernos a trabajar para alcanzar la paz, pero con justicia y democracia.
Mientras nos mantenemos firmes junto al pueblo nicaragüense en esta lucha cívica, hacemos un vehemente llamado a la responsabilidad y a la sensatez a Daniel Ortega, su círculo de poder y sus colaboradores a que detengan ya este innecesario y criminal baño de sangre, y allanen el camino para que Nicaragua retome el rumbo inevitable hacia la paz y la democracia.
