Los Ciudadanos por la Libertad, hacemos nuestras las palabras de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ante “la posible adopción de una Ley de amnistía que podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el contexto de las protestas contra el gobierno que iniciaron en abril de 2018”
Sostiene la Señora Bachelet que “Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad lo que puede llevar a más violaciones. También pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad. En cuanto a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes, éstas deben ser puestas en libertad y sus procesos penales deben ser desestimados…”
Los Ciudadanos por la Libertad, como parte de este pueblo que ha sufrido incontables violaciones a los derechos humanos, nos oponemos y condenamos la decisión del régimen de aprobar esta oprobiosa ley, que pretende ser impuesta desde el poder, en un país militarmente ocupado, para encubrir los crímenes cometidos por agentes del Estado y miembros del partido FSLN contra del pueblo de Nicaragua, en ejecución de una política de terrorismo de Estado que aún continúa vigente.
Los nicaragüenses no podemos ni debemos olvidar que quienes hoy pretenden el beneficio de una amnistía ordenaron y ejecutaron asesinatos, lesiones, torturas, saqueos, ataques armados contra manifestantes civiles y organizaron bandas delincuenciales equipadas con armas de guerra, que sembraron el terror en las ciudades
Las leyes de amnistía en nuestra historia han servido como letra de cambio, de auto amnistías para proteger graves violaciones de derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, y esta nueva ley no es la excepción.
Los nicaragüenses no aceptaremos la pretensión de cobijar a hechores y víctimas bajo la misma figura jurídica. Los presos políticos no necesitan una amnistía para ser inmediatamente liberados, porque son inocentes y víctimas de prisión arbitraria en condiciones infrahumanas.
La comunidad internacional democrática y respetuosa de los derechos humanos junto a los nicaragüenses exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición. La tragedia de un pueblo masacrado por el Estado no debe producirse nunca más en nuestra historia y el primer paso para lograrlo es exponer la verdad y castigar a los culpables.
Este vano intento gubernamental de ocultar sus crímenes, no es más que la continuación de la demagogia adornada con verborreas pirotécnicas, para llevar una falsa sensación de impunidad a quienes, alimentados por el discurso de odio y las armas proveídas por el Estado, se prestaron a asesinar a su propio pueblo.
Requerimos de manera urgente el compromiso gubernamental de atender los llamados de la CIDH, la OEA, la ONU y la Unión Europea, que le eviten más sufrimientos al pueblo nicaragüense.
Es a través de un diálogo serio, con compromisos verificables y la presencia de Testigos y Garantes nacionales e internacionales, que lograremos retomar el camino para la recuperación democrática, el cual empieza con las elecciones libres que nos han sido negadas.
Los nicaragüenses debemos tener presente que los crímenes que hoy pretenden encubrirse con esta auto amnistía tuvieron su origen en el cierre de los espacios de participación democrática. Es significativo que el 8 de junio de 2016 el régimen de Daniel Ortega confiscó mediante una sentencia de su Corte Suprema de Justicia la representación legal del PLI, dejando sin casilla electoral a la oposición, como preámbulo a su reelección mediante una farsa electoral, y hoy, exactamente tres años después está aprobando una ley para encubrir los crímenes que cometió para retener el poder adquirido de forma ilegítima.
Para que esta historia no se repita, los nicaragüenses debemos perseverar en la lucha cívica exigiendo libertad, justicia y democracia, que sólo serán posibles con un gobierno legítimo surgido de elecciones libres y adelantadas.
Corresponderá a este nuevo gobierno democrático, para honrar el sacrificio de los ciudadanos heroicos que fueron martirizados por exigir libertad, y que hoy pretenden ser revictimizados mediante esta oprobiosa ley, revertir todo el andamiaje jurídico de la impunidad, como primer paso para construir una verdadera convivencia democrática entre todos los nicaragüenses.
Managua, 8 de junio de 2019.
