Es necesario hablar de la problemática electoral a pesar de que en las negociaciones del régimen con la Alianza Cívica todavía no se atisba un acuerdo sobre las elecciones. Después de casi tres meses de esta negociación, el régimen ni siquiera ha cumplido el acuerdo previo tan sensible y urgente de poner en libertad a todos los presos políticos.
En realidad, en el caso de un acuerdo para buscar solución de la crisis nacional la clave sería el componente electoral, un compromiso indispensable para la realización de elecciones auténticas y observadas escrupulosamente por organismos nacionales e internacionales.
La señora Monterrey explicó a grandes rasgos las propuestas de su partido y sus reflexiones personales sobre la reforma electoral, que según ella se necesita para garantizar las elecciones ejemplares que sustentan una auténtica democracia representativa. Y mencionó que para lograr eso las estructuras del poder electoral no deben estar sometidas a las influencias de los partidos políticos, deben ser integradas por personas escogidas por sus méritos personales y profesionales, no por afinidades políticas.
Suenan extraños esos conceptos en boca de la líder de un partido que por lo tanto es parte de la llamada clase política de Nicaragua. Pero se advierte que son sinceros y confirman lo que proclama ese mismo partido de más o menos reciente formación, de que se diferencia de casi todos los demás partidos en cuanto a que es genuinamente democrático y repudia las tradicionales prácticas pactistas y corruptas.
El planteamiento de la señora Monterrey sobre la despartidarización del poder electoral de Nicaragua a nuestro juicio es fundamental y esperamos que se haga realidad, para que las elecciones puedan ser confiables.
Los funcionarios del poder electoral tienen que ser personas ejemplares y actuar con honestidad y transparencia, para lo cual se les debe buscar fuera de los partidos políticos y sus entornos.
Ningún acto electoral, aunque sea limpio, puede ofrecer confianza y garantías sobre sus resultados si es organizado y arbitrado por personas con intereses partidistas, o que se sospeche que los tienen.
Los políticos tradicionales de Nicaragua pretenden tener el derecho de controlar las estructuras electorales del Estado, o de formar parte en ellas, porque dicen que son los que participan en las elecciones. Pero la verdad es que el derecho de elegir y ser electos es de los ciudadanos, no de los partidos políticos.
Los partidos son importantes y necesarios, sin duda, pero solo como intermediarios entre la voluntad política de los ciudadanos y el poder del Estado. Los partidos no pueden ni deben sustituir a los ciudadanos. Esto tendría que ser ley en Nicaragua para lograr la democratización por la que tantos nicaragüenses han dado la vida y están sometidos a prisión y torturas
