En su último encuentro el Comité Ejecutivo Nacional del partido Ciudadanos por la Libertad aprobó una resolución por unanimidad, donde demandan al gobierno de Daniel Ortega la Libertad de todos los presos políticos que alzaron la bandera Azul y Blanco para exigir justicia y libertad en Nicaragua.
“Otro de los punto que acordamos en este encuentro con los directivos nacionales y alcaldes de esta organización política fue la urgente necesidad de instaurar un Diálogo Nacional para buscar una salida a la grave crisis política que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril, donde perdieron la vida más de 350 personas” destacó Kitty Monterrey presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad.
Kitty Monterrey considera que si Ortega no accede a un Diálogo Nacional Nicaragua podría regresar a la década de los años ochenta, donde la economía colapsó y muchos nicaragüenses se vieron obligados abandonar el país.
A este encuentro asistió Betsaida Guzmán miembro de la Asociación de familiares de presos políticos, quien agradeció la resolución aprobada por la alta dirigencia de Ciudadanos por la Libertad.
“Es un clamor nacional que en esta navidad todo los presos políticos salgan libre, porque su único delito fue soñar con una patria libre a través de elecciones nacionales justas y transparentes, esperamos que Ortega sea sensato y escuche este clamor del pueblo” destacó Guzmán.
Luis Emilio Bustamante presidente departamental de Ciudadanos por la Libertad de Nueva Segovia considera que el mejor regalo de navidad que pueden recibir las familias es la libertad de los presos políticos, porque se encuentran en prisión injustamente.
Respaldo a periodistas y organizaciones de derechos humanos
Otro de los puntos que aborda la resolución del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad es el respaldo a la prensa nacional ante las constantes amenazas y asedios de parte del gobierno por mantener una línea editorial de denuncia a la violación de derechos humanos que se cometen a diario en el país.
También demanda el cese de la persecución a las organizaciones civiles, donde el gobierno a través del Ministerio de Gobernación cancela sus personalidades jurídicas y manda a intervenir sus bienes.
