Ciudadanos por la Libertad expresa su rechazo a la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, debido a que el régimen, junto a la tipificación de delitos informáticos y relativos a la integridad de los sistemas informáticos y datos, ha incorporado una serie de disposiciones que atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Mediante esta Iniciativa de Ley, se amenaza con criminalizar la labor de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y de cualquier ciudadano que difunda información o exprese opiniones a través de medios informáticos.
Particularmente lesivas al ejercicio de estos derechos son las disposiciones contenidas en los artículos 25, 29 y 30 de la Iniciativa, en las cuales se penalizan como delitos la revelación de información reservada de entidades públicas y la difusión de información que a juicio del Estado sea falsa, tergiversada, incite al odio, a la violencia, ponga en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o a la seguridad.
El hecho de pretender criminalizar la difusión de información y opiniones, la tipificación imprecisa de delitos y la amplísima discrecionalidad de las autoridades penales en su calificación, son particularmente peligrosos en un régimen dictatorial como el actual que, junto a las constantes campañas de odio y estigmatización contra los opositores, utiliza el sistema penal como un instrumento de intimidación y venganza política.
Esta iniciativa de ley, junto a la reciente amenaza de imposición de cadena perpetua para crímenes calificados como de odio y la Iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ponen de manifiesto que el régimen está creando el marco legal para criminalizar cualquier expresión pública de disidencia, en vísperas de un año electoral, tratando de generar desde ya una dinámica de autocensura en los periodistas, medios de comunicación independientes y ciudadanos.
Desde Ciudadanos por la Libertad, reiteramos el llamado a la comunidad internacional y a todos los sectores de la sociedad nicaragüense a rechazar este conjunto de normativas que, una vez más, pretenden restringir las libertades de expresión y de prensa.
Hacemos un llamado a los nicaragüenses a no dejarnos intimidar frente a estas nuevas amenazas que, al igual que otros intentos anteriores, no podrán acallar la voz de todo un pueblo que ha rechazado a esta dictadura y está exigiendo el cese de la represión y su salida del poder mediante elecciones libres.
Managua, 29 de septiembre de 2020.
